¡El Govern elimina las multas a municipios por exceder el consumo de agua en tiempos de sequía! | Noticias de Cataluña | EL PAÍS

El Gobierno ha abolido el régimen sancionador para los municipios que superen las dotaciones máximas de consumo de agua durante las fases de restricción por sequía. Este lunes, el Consell Executiu ha aprobado un decreto ley que elimina el actual régimen punitivo para aquellas localidades que excedan el consumo máximo establecido en el Plan Especial de Actuación ante Situaciones de Sequía. Este plan fue activado debido a la sequía que comenzó en 2020 y que todavía persiste, con embalses de las cuencas internas que, aunque contienen el doble de agua que hace un año, aún alcanzan solo el 34% de su capacidad total. Una vez que este decreto ley entre en vigor, no se iniciarán nuevos procedimientos sancionadores por sobrepasar las dotaciones máximas para el abastecimiento de agua a la población durante la sequía, ni se continuará la tramitación de los expedientes sancionadores que ya se habían abierto por este incumplimiento, ha informado el Gobierno en un comunicado.

En la época más crítica de la sequía, cuando la mayoría de la población catalana estaba con las restricciones más severas de la fase de emergencia, los municipios no podían rebasar los 200 litros por persona y día, contando todos los consumos (doméstico, industrial o lúdico), y en caso de hacerlo se exponían al inicio de un expediente sancionador. Pasada esta fase más crítica, que gestionó el anterior Govern de ERC, el actual ejecutivo del PSC retira el régimen sancionador y lo argumenta porque, entre otras cuestiones, los municipios se han comprometido en los últimos años en la mejora de las redes de suministro municipales y su eficiencia. En gran parte, lo han hecho con las ayudas otorgadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA), por un valor de 130 millones de euros, que beneficiarán a más de 700 municipios catalanes, ha informado la Generalitat.

Asimismo, desde finales de 2023 se ha multiplicado por cinco el número de municipios que disponen de una ordenanza de ahorro de agua, pues ya son 315 localidades, según la Generalitat. En este sentido, el Govern considera que mantener las sanciones por infracción “es contraproducente en determinados supuestos, como en el caso de pequeños municipios con recursos económicos limitados y en situación de especial vulnerabilidad ante la sequía, ya que podría dificultar la ejecución de las medidas necesarias para mejorar el estado de sus infraestructuras”.